Muñoz
Martínez Dirigente de IR del exilio a la extradición
POLÍTICA
Nº 35-36, noviembre-diciembre 1999
Por Fernando
Sigler Silvera
En
el LX aniversario del final de la guerra civil, parece oportuno traer
a la memoria la trayectoria de un personaje histórico representativo
de uno de los tipos de víctimas que provocó la sublevación
militar contra la II República, la de los exiliados extraditados.
Un dirigente andaluz de Izquierda Republicana (IR), Manuel Muñoz
Martínez, cuya figura apenas es dibujada con meros trazos por
la historiografía relativa al conflicto bélico, aparece
a ojos del historiador actual como paradigma del fatal destino propiciado
tanto por la sed de venganza del bando triunfante en la contienda
como por una coyuntura internacional atenta al pragmatismo del nuevo
esquema geopolítico europeo (derivado de las promesas de neutralidad
del régimen dictatorial español), que convirtió
el exilio francés en un callejón sin salida para significados
dirigentes del campo republicano.
Comandante de Infantería retirado, con un brillante expediente
profesional máximo grado de la masonería, tras su inicio
en los años 20 en la logia "Hermano Vigor" de Cádiz,
diputado a Cortes en las tres legislaturas de la n República
por la circunscripción gaditana (siendo el más votado
en los comicios del Frente Popular), Muñoz había iniciado
su actividad política en el radical-socialismo, para presidir
el Partido Republicano Radical Socialista Independiente (PRRSI) de
Cádiz en 1933 y formar parte más tarde, en 1934, del
Consejo Nacional de IR. Tras la victoria en las urnas en febrero de1936,
fue titular del Gobierno Civil de Cádiz con carácter
interino, puesto desde el que facilitó la liberación
de más de 40 detenidos por los sucesos revolucionarios desarrollados
en 1934 en la localidad gaditana Prado del Rey. Apenas unos días
después de la sublevación militar contra el régimen
constitucional, Muñoz desempeñó uno de los cargos
públicos más conflictivos e incómodos de la Administración
republicana. En efecto, al haber sido director general de Seguridad,
en el ministerio del general Pozas, durante el primer semestre de
la guerra civil, su figura ha sido con frecuencia erigida en máxima
responsable de las matanzas de la cárcel Modelo, de agosto
de 1936, y de las sacas de presos -luego fusilados en Paracuellos-
de noviembre del mismo año. La consulta de fuentes archivísticas
inéditas permite, no obstante, proyectar nueva luz sobre su
actuación en los referidos sucesos, que empañaron en
gran medida la autoridad moral de la República. La nueva documentación
habla de su oposición a los procedimientos expeditivos en una
situación de desbordamiento en la retaguardia republicana ante
el avance de los sublevados hacia Madrid, de su impotencia inicial
ante el curso de los acontecimientos y del encauzamiento legal que
él mismo propició de la política represiva tras
los sucesos de la Modelo, así como de la inexactitud -ya señalada
en algún reciente estudio- de las afirmaciones que le atribuyen
la responsabilidad directa en las sacas de presos de los primeros
días de noviembre. Las nuevas fuentes, en fin, ponen de manifiesto
las vicisitudes de la política europea en el período
prebélico a propósito de unos refugiados republicanos
españoles que alcanzaron el suelo francés como tabla
de salvación y que, durante el régimen de Vichy, fueron
entregados por la Gestapo al régimen franquista a sabiendas
de que su destino no era otro que el paredón. Muñoz
Martínez, que el 6 de noviembre de 1936 había marchado
hacia Valencia con el Gobierno republicano y quien tras la caída
de Cataluña se refugió en el sur de Francia primero
y en París después, formaba parte de una lista de dirigentes
republicanos cuya extradición el régimen dictatorial
recién erigido en Madrid exigió, a través del
ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Súñer, como
una de sus contrapartidas en los pactos secretos con el Gobierno de
Pétain-Laval. Pero el "caso Muñoz Martínez"
también pone de manifiesto las diferencias de criterios existentes
dentro de la misma administración de Vichy (con un vicepresidente
del Consejo -Laval- partidario de hacer las concesiones pedidas por
Madrid y un ministro de Justicia -Barthélémy- empeñado
en no atender la petición española por tratarse dé
una reclamación de carácter político y no penal),
al tiempo que desmiente la idea, extendida en numerosos estudios,
de que tras la entrega de Companys, en verano de 1940, quedó
frenada la extradición de dirigentes republicanos. Muñoz;
que había cruzado la frontera hispano-gala el 28 de enero de
1939 Y que había residido en París desde el verano de
ese año hasta el del siguiente, fue detenido en el Finisterre
francés por la Gestapo, a petición de las autoridades
de la dictadura española, en octubre de 1940. Encarcelado -como
lo había estado Companys- en la tenebrosa prisión de
la Santé de París, en régimen de incomunicación
durante casi un año, resultaron infructuosas las gestiones
de un familiar suyo de nacionalidad francesa. Charles Fol, que guardaba
amistad con el ministro de Producción Industrial galo, Pucheu,
encaminadas a conseguir una atenuación del rigor de su apresamiento.
Sometido a juicio en enero de 1942, la Corte de Apelación de
París hizo suyos los argumentos de las autoridades españolas,
que lo acusaban de "asesinatos y robos" y concedió
la extradición, la cual, tras ser refutada por Barthélémy,
fue ratificada por Pétain en abril de 1942, pese a la advertencia
de aquél de que tal concesión lo "conducirá
a una muerte cierta". En efecto, "decidido por Vichy pero
ordenado por Berlín", Muñoz fue entregado por la
policía alemana a la española el 26 de agosto de 1942,
Dos días después prestó declaración en
la Brigada Político Social de Madrid: Encarcelado en septiembre
en la prisión de hombres de Conde de Peñalver de la
capital, tras ser sometido a una parodia de juicio en el que se conculcaron
las más elementales garantías procesales y se aplicó
todo tipo de aberraciones jurídicas. Muñoz Martínez
fue fusilado en el cementerio del Este de Madrid el 1 de diciembre
de 1942.
