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| Partido fundado en 1934 por Manuel Azaña Díaz | ||
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El Tribunal Supremo anula una condena a muerte de 1937 al director de Radio Málaga por ser de Izquierda Republicana P-ES.- La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha anulado, por primera vez y por unanimidad, una condena dictada por un consejo de guerra franquista, por la que en 1937 un republicano que dirigió Radio Málaga en la guerra civil, Ricardo Puente Rodríguez, fue condenado a pena de muerte por un delito de rebelión militar, que posteriormente le fue conmutada por seis años de prisión, informa elplural.com. [17-02-2007] La condena anulada fue dictada el 6 de agosto de 1937 por un Consejo de Guerra de Málaga que juzgó al militante de Izquierda Republicana Ricardo Puente Rodríguez, propietario de una emisora de radio, por un delito de rebelión militar. Puente fue sentenciado a la pena de muerte "por sus ideales extremistas, como perteneciente a los partidos de Acción y de Izquierda Republicana, por la propaganda antes y durante el Movimiento hecha en la estación de radio EAJ 9 de su propiedad, por las interferencias hechas en la mañana del día 18 de Julio para que no pudieran oírse en esta ciudad las emisoras del Norte de África adictas en aquellas horas al Movimiento Nacional". El pasado mes de octubre el TS autorizó la revisión de este caso, reclamada por el hijo de Puente Rodríguez, Fernando Puente Aguado, quien alegó que su padre había sido juzgado cuatro meses antes por los mismos cargos y había resultado absuelto. La sentencia condenatoria se refirió a la existencia de esa causa anterior matizando que a Puente "se le siguió un procedimiento por haber ofrecido la estación de radio y el automóvil de su propiedad al Sindicato de Telégrafos, de lo que fue absuelto". La Sala de lo Militar ha entendido que Puente fue juzgado dos veces por su conducta durante un mismo período de tiempo, algo que permite la revisión de su condena. Periodista-es 17/02/07 POR UN HOMENAJE A LOS ANTIFASCISTAS FUSILADOS EN EL CEMENTERIO DEL ESTE (1939-1945) [Fotos del homenaje 02.05.04] [más información] Hace casi setenta años nuestros antepasados vivieron unos tiempos terribles y decisivos para España. Entre los años 1939 y 1945, al menos 2.663 españoles fueron fusilados en las tapias del Cementerio del Este (actualmente, cementerio de La Almudena). Lo sabemos porque se trata de condenados a muerte por la jurisdicción militar, allí ejecutados, cuyos nombres, así como las circunstancias de su muerte, figuran inscritos en el registro de enterramientos del mencionado cementerio. Hombres y mujeres de toda condición, procedentes de todos los lugares de nuestro país.
No fue el único lugar de Madrid donde muchos republicanos españoles afrontarían sus últimas horas después de 1939. La cárcel de Porlier, en la calle de ese mismo nombre, o la antigua cárcel de mujeres, en la calle de Rufino Blanco, también fueron centros de detención, encarcelamiento y ejecución. Estos fueron quizá los sitios más destacados, en Madrid, en los que tuvo lugar la sombría escena principal del drama mayor que se desarrolló en España en esos terribles años. Lugares todos en los que sufrieron varios miles de conciudadanos. Su destino fue cruel, pero su memoria es todavía más amarga, sin duda. Anónimos, escondidos, ignorados... Durante mucho tiempo hasta resultó difícil siquiera para sus familiares el honrar su memoria. Una memoria que se ha falseado hasta hacer casi irreconocibles a quienes, optaron desde 1936 por la defensa de la legalidad constitucional republicana o por la lucha por otras condiciones sociales.
Las entidades y ciudadanos que suscribimos esta iniciativa hemos decidido ponerla en marcha, con el propósito de alzar un monumento en su memoria. Un monumento que se erigirá junto a los restos de la tapia del antiguo Cementerio del Este en el que habrían de figurar, por orden alfabético, los 2.663 ejecutados de los que se posee constancia cierta que perecieron allí, dejando un espacio libre para la adición de nuevos posibles nombres que puedan ser descubiertos en el futuro. En el recinto de la tapia protegida figurará, en la forma y soporte que se decida, una sinopsis de lo que sucedió allí y del marco histórico en el que ocurrieron aquellos hechos, que sirva de información a quienes visiten el lugar y de ejemplo, para las generaciones más jóvenes, de lo que nunca puede volver a ocurrir. La financiación del monumento se hará mediante suscripción pública.
Un lienzo de la tapia ha permanecido en pie, resistiendo al tiempo y a las reformas, para dar testimonio indeleble y mudo de las ejecuciones allí perpetradas. Las innumerables huellas de impactos de bala sobre la arruinada pared aún alzada, atestiguan todavía los hechos que acontecieron ante ella. Hechos como el fusilamiento de Julián Zugazagoitia (ministro), de José Serrano Batanero (consejero de Estado), de Manuel Muñoz Martínez (ex director general de Seguridad) y de tantos otros, también con nombres y apellidos. Un testimonio silencioso al que sería justo dotar también de palabra. OTRAS INICIATIVAS POSIBLES Para asegurar su mantenimiento y permanencia futuras se ha solicitado de la Comunidad de Madrid, la declaración de bien de interés cultural. Declaración a otorgar para el lienzo de tapia aún en pié, así como para el propio monumento que se erija, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley de Patrimonio de nuestra Comunidad. Para llevar a cabo el proyecto se dará traslado del mismo al Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid, así como a los portavoces de los tres grupos municipales —PP. PSOE e IU—, al objeto de recabar su apoyo y ayuda para lograr su aprobación por el Ayuntamiento por unanimidad, si ello fuera posible. Actuación que, salvo mejor indicación, se realizará en paralelo a la presentación de la correspondiente solicitud ante la Empresa Mixta Servicios Funerarios, en su condición de entidad directamente responsable del terreno donde se encuentran los restos de la tapia. El homenaje debe de implicar a historiadores especializado en la represión franquista, a fin de realizar un libro colectivo que divulgue esta historia tal y cómo ocurrió. Además, se promoverán las iniciativas legislativas necesarias a fin de “desmilitarizar” los archivos, -que ya son historia- de los tribunales de la represión, que pasarán al Archivo Histórico Nacional, sometidos a las leyes que se aplican a los restantes archivos del mismo periodo histórico. Por último se interesará la participación de otras entidades, fundaciones y asociaciones, públicas y privadas, que por distintas razones han de intervenir en esta iniciativa. Especialmente se habrán de implicar los poderes legislativo y ejecutivo, así como instituciones de las Comunidades Autónomas (Andalucía, Extremadura, País Vasco...), al ser un buen número de los ejecutados naturales, e incluso diputados, por esas comunidades.
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