Martes, 01 de Diciembre del 2020


Manifiesto 14 abril 2020

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Tras una investigación de dos años de la Fiscalía Anticorrupción sobre supuestas mordidas, se ha anunciado la apertura por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de una investigación inicial a Juan Carlos de Borbón por posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal en las que habría recibido al menos 100 millones de dólares en comisiones ilegales pagados por la dictadura teocrática de Arabia Saudí, en el caso conocido como AVE a La Meca. 

 

Ante estos hechos, Izquierda Republicana quiere manifestar lo siguiente:

 

1.- Izquierda Republicana espera, como lo espera el pueblo español, que en este caso de posible corrupción del anterior jefe del estado, se haga justicia. Que 'la Justicia sea igual para todos', pero de verdad. Precisamente porque la justicia en España ha sido casi siempre desigual para todos, a menudo dura e implacable con el pueblo y blanda y tolerante con los poderosos. El pueblo quiere creer en la justicia.

 

Desde Izquierda Republicana esperamos, como espera nuestro pueblo, que la justicia investigue a fondo y que se actúe aplicando una justicia imparcial por igual para todos los ciudadanos, con igualdad ante la ley sin excepciones de privilegio, en un caso que no debería haberse llamado nunca caso AVE a la Meca, sino caso Juan Carlos de Borbón.

 

2.- Izquierda Republicana afirma que de confirmarse dichos hechos delictivos, muy graves, el poder judicial español y el régimen del 78 se jugarán en su actuación respecto a este caso, su credibilidad y futuro.  

 

La institución monárquica, actualmente muy tocada y en horas bajas de apoyo popular, se juega particularmente el suyo, tras cuatro décadas en las que los grandes medios, el bipartidismo político, el poder judicial y la Constitución declarando 'irresponsable jurídico' al jefe del estado, han protegido permanentemente a la casa real, y silenciado y amparado conductas muy poco éticas en relación a la casa real, a bancos y grandes empresas. 

 

En este caso, más aun que en el caso Urdangarín, se está jugando la credibilidad de la monarquía y de un régimen en crisis muy erosionado ya en su legitimidad y en la de sus instituciones. El pueblo español, tras políticas de austeridad y sufrimiento, espera si no acierto permanente en el actuar de sus gobernantes o jueces, sí al menos una conducta ética y honorable. Y por supuesto la espera también de la máxima autoridad del estado, más si cabe cuando esta autoridad no se puede elegir democráticamente cada cuatro años como en las repúblicas, y se basa injustamente en la herencia y es vitalicia. El pueblo está cansado de aguantar las desigualdades de los poderosos, así como sus corruptelas y desmanes. 

 

3.- Como organización política democrática y de izquierdas, nos sentimos, como el conjunto del pueblo español, absolutamente escandalizados ante los hechos investigados que afectan al anterior jefe del estado, y en el que nos parece que más que indicios, hay hechos de peso probados ya ante la Fiscalía Suiza. 

 

Así han debido de considerarlo los abogados y asesores de la casa real, cuando recomendaron a Felipe VI renunciar a la herencia económica de su padre supuestamente para rechazar de facto todo posible dinero procedente de un origen corrupto o ilícito (aunque ya sabemos que las herencias no pueden rechazarse antes de existir como tales).

 

Y se hizo pública dicha renuncia a la herencia borbónica por sorpresa y en plena pandemia para que pasase más desapercibida, ante el avance de las investigaciones en Suiza, además de proceder a retirarle al rey Emérito la asignación anual que recibía de la casa real, fijada en los presupuestos generales del estado en la módica cifra de 194.232 euros al año. Este último hecho, la retirada de asignación, fue interpretado por muchos no solo como una censura o castigo por haberse portado mal, sino como una señal evidente de que la casa real otorgaba total credibilidad a esos posibles delitos. 

 

4.- Izquierda Republicana valora que con aquella decisión Felipe VI intentó desvincularse de los posibles negocios de su padre, pero nos llama poderosamente la atención que esa decisión no fuera tomada al inicio de las investigaciones de la Fiscalía Suiza hace más de un año, sino cuando recibió Felipe VI "sin justificación documental alguna" una carta del despacho de abogados británico Kobre&Kim el pasado 5 de marzo donde se le comunicaba su designación como beneficiario de la Fundación Lucum a la muerte de Juan Carlos. Y saltaron todas las alarmas. 

 

Casi nadie sabe aun que la Fundación panameña Lucum estaba siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción española y por Suiza, junto a la Fundación Zapatka (propiedad de Álvaro de Orleans, primo de Juan Carlos I), por recibir 100 millones de dólares de la dictadura teocrática saudí. Según ha informado recientemente la prensa, sorprendentemente la Fundación Lukum está hoy extinguida

 

5.- Izquierda Republicana valora positivamente el inicio de investigación del Tribunal Supremo, porque entendemos que en una democracia la ley debe ser aplicada por igual para todos, sin excepciones ni privilegios de ningún tipo. 

 

Esperamos tan solo que esta investigación no busque de manera oculta el atribuirse España la competencia de los hechos investigados en exclusiva, y menos pensamos que se busque el cierre de la causa existente en Suiza. Ambas justicias deben colaborar en esclarecer posibles delitos investigables en ambos países. El fiscal Juan Ignacio Campos, designado por la Fiscal General, Dolores Delgado, para investigar la causa tiene una larga experiencia probada en persecución de grandes delitos económicos. 

 

6.- Izquierda Republicana valora muy positivamente la Comisión de Investigación que sobre estos hechos han solicitado ocho grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, entre ellas, Unidas Podemos, porque los hechos suficientemente graves, atañen a quien ha sido jefe del estado durante casi 40 años de democracia. 

 

Entendemos que corresponde al Congreso de los Diputados, como expresión democrática del pueblo español, contribuir a la investigación de los posibles delitos que hayan podido cometerse, para conocimiento de la sociedad española, por colaboración con la justicia y para evitar que estos se repitan. No entendemos por ello la postura del PSOE, que ha opuesto por tercera vez a que en el Congreso se cree una Comisión que pueda ayudar a esclarecer estos hechos, ni siquiera a investigar los posibles delitos que se hayan podido cometer después de la abdicación de Juan Carlos en junio de 2014. 

 

Para Izquierda Republicana la búsqueda de la verdad no es solo una obligación judicial, es también una obligación inexcusable del poder ejecutivo y del legislativo, que deben ayudar al Poder Judicial en la búsqueda de justicia. No investigar desde el Congreso es un grave error, si hubiese delito, equivaldría en la práctica a proteger cómplicemente al violador de la ley negándose a investigar. 

 

7.- Son muchos los que desde distintas instancias han señalado que, transcurridos más e cuarenta años desde su aprobación, es necesario y urgente reformar diversos artículos de la Constitución Española de 1978. Así, por ejemplo, Unidas Podemos ha reclamado en varias ocasiones una reforma legal de la Constitución para blindar la garantía de los derechos sociales de los ciudadanos (sanidad, educación, vivienda...), para que no queden solo escritos, pero vacíos de contenido más allá del papel, y tiene razón.

 

Desde Izquierda Republicana reclamamos y exigimos con fuerza la supresión del artículo 56.3 de la Constitución, que ha reconocido hasta ahora la 'inviolavilidad jurídica' del jefe del estado. Porque no es verdad que la justicia sea igual para todos si uno solo de los ciudadanos, así sea el jefe del estado, le es reconocida inmunidad jurídica como un privilegio de cuna. Inmunidad equivale en la práctica a impunidad, a derecho para delinquir, en este país todos estamos sometidos al estado de derecho menos el rey.

 

Un país verdaderamente democrático no puede garantizarle la impunidad ante los tribunales de justicia a nadie, más aun si se ve envuelto en casos de corrupción. Para IR, la inmunidad jurídica es un privilegio intolerable y tan antidemocrático como la misma institución monárquica, y no tiene ningún sentido mantenerla en una democracia contemporánea en pleno siglo XXI

 

En 2018, la revista Forbes y The New York Times calculaban la fortuna opaca del rey emérito entre 1.800 y 2.300 millones de euros. La casa real no lo negó nunca. Esa cantidad excede y en mucho la comisión del AVE a la Meca y la asignación a la casa real de los presupuestos generales del estado, que se quedan en nada. ¿De dónde han salido entonces tantos millones? De los presupuestos generales del estado no, pues nunca han excedido de 9 millones de euros al año.  Acabemos con la impunidad de la casa real. 

 

 

Comisión Ejecutiva Federal de 

IZQUIERDA REPUBLICANA

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